Según estudios nacionales e internacionales, la República Dominicana es considerada el país más vulnerable al lavado de activos de la región. El consultor financiero Carlos Eduardo Salinas Rodríguez, nacido en Venezuela, pero con extensa experiencia en la evaluación de los sistemas de riesgos financieros del Caribe, indica que la República Dominicana pese a su vulnerabilidad, viene dando importantes pasos en el control del delito del lavado de activos. El Estado dominicano ha escuchado propuestas, ha actualizado controles, leyes y ha intensificado todos los mecanismos de supervisión a través de la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana.

Es un proceso que se antoja complicado, actualizar y ajustar el marco jurídico no es tan rápido y requiere de muchas conversaciones entre los participantes del sistema financiero.

Por su parte, las organizaciones delictivas que usan la República Dominicana como puente para el lavado de activos son cada vez más innovadoras en la formas de esconder todos los rastros que evidencien los delitos que comenten. La Evaluación Nacional de Riesgo de la República Dominicana (ENR) realizada con datos recogidos entre 2010 y 2014, aunque reveló fortalezas, reveló igualmente vulnerabilidades existentes en el sistema financiero dominicano que propician que el país sea usado comúnmente para el lavado de activos. 

Para entender mejor los resultados de este estudio, Carlos Eduardo Salinas Rodríguez propone en primera instancia conocer las definiciones de “lavado de activos” y de “vulnerabilidad” que ofrecen el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en sus glosarios:

Lavado de activos: “Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito…”

Vulnerabilidad: “características que harían a un país o a un determinado sector sensible para que las organizaciones criminales trasnacionales puedan dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos o la canalización de recursos para la financiación del terrorismo, atentando así contra la seguridad nacional y contra el orden económico y social.”

La ENR reveló distintos niveles de vulnerabilidad sectorial al lavado de activos en la República Dominicana, siendo el sector de valores el menos vulnerable con una ponderación de vulnerabilidad media/baja (MB), a continuación le siguen los sectores Bancario y Seguros con riesgo medio (M) y para finalizar el sector más vulnerable es el de las actividades y profesiones no financieras designadas, con una ponderación de vulnerabilidad medio/alto (MA). Como se puede ver, la vulnerabilidad más alta la tienen las denominadas “actividades no financieras designadas” (APNFD). Son actividades que tradicionalmente hacen negocios con clientes que huyen pasar por el sistema bancario dominicano, pagando en efectivo en efectivo y bajo anonimato. El GAFI clasifica como APNFD las siguientes actividades:

·         Casinos

·         Agentes inmobiliarios

·         Notarios

·         Abogados

·         Contadores públicos

·         Comerciantes de piedras preciosas y metales preciosos

·         Proveedores de servicios societarios y fideicomisos

La vulnerabilidad media/alta otorgada al sector de las “actividades no financieras designadas”, viene dada en gran parte porque no existen datos ni registros de operaciones nacionales e internacionales realizadas por los sectores evaluados, convirtiéndose en una especie de “agujero negro financiero” donde se recopila muy poca o nula información sobre sus clientes y solicitantes de servicios, a su vez las APNFD no cuentan con un reglamento o instructivo de prevención de lavado de activos. 

A esto se suma la evidente falta de recopilación de información por parte de instituciones estadales que permitan levantar estadísticas confiables, la UAF indica que para llevar a cabo estas tareas aún carecen de mayores recursos tecnológicos, humanos y financieros.

La evaluación de riesgo también reveló que en la República Dominicana las “sanciones administrativas no son efectivas, adecuadas ni disuasivas, debido al bajo monto que las mismas poseen y por no hacerse públicas…”

Para hacer frente a estas vulnerabilidades, el Estado de la República Dominicana acordó la coordinación de las autoridades competentes a través de la “Mesa Interinstitucional contra el Lavado de Activos” (MILA), en donde participan instituciones públicas y privadas, siguiendo también un plan llamado “Estrategia Nacional para Prevención de Lavados de Activos” el cual está siendo ejecutado entre los años 2017 y 2020, al finalizar este ciclo se realizará una nueva evaluación de riesgos del sistema financiero dominicano.

Por lo pronto, la República Dominicana cuenta con una reciente actualización en sus leyes anti lavado de activos y en contra del financiamiento del terrorismo, siguiendo 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y se espera que en la próxima evaluación de riesgo, las perspectivas de la República Dominicana mejoren y sea un país menos vulnerable.

Carlos Eduardo Salinas Rodriguez